En los últimos años, el Perú ha experimentado un retroceso significativo en materia de derechos de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad. Diversos proyectos y leyes impulsados principalmente por bancadas conservadoras han buscado limitar el enfoque de género, debilitar las instituciones de protección y restringir avances logrados a lo largo de más de tres décadas. Entre las medidas más graves destacan la propuesta de modificar el Ministerio de la Mujer hacia un “Ministerio de la Familia”, la aprobación de normas que restringen el uso del lenguaje inclusivo, la eliminación de la paridad y alternancia en los procesos electorales y la ley que elimina el enfoque de género de todas las políticas públicas. A ello se suma el intento de limitar la Educación Sexual Integral, reemplazándola por una versión basada en criterios considerados “biológicos y éticos”.
Estos retrocesos se producen en un contexto en el que la violencia contra las mujeres continúa en niveles alarmantes. Solo entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 142 mil casos a nivel nacional. Asimismo, el incremento del acoso sexual y la persistente impunidad en universidades como la UNSAAC y la UAC evidencian un sistema incapaz de proteger a las víctimas, debido a la inestabilidad de los órganos disciplinarios y a prácticas institucionales que tienden a proteger a los agresores.
En paralelo, continúan desarrollándose procesos históricos de búsqueda de justicia, como el caso de las esterilizaciones forzadas. En los años 2022 y 2023, el Poder Judicial confirmó la obligación del Estado de implementar una política de reparaciones integrales. Durante el 2024 y 2025, este proceso avanzó hacia su ejecución, mientras que el Ministerio Público amplió la investigación penal, que ya no se limita únicamente a exministros de Salud, sino que incluye a otros altos funcionarios presuntamente involucrados.
Este escenario revela una profunda contradicción: mientras se aprueban normas que recortan derechos y debilitan el enfoque de género, el país enfrenta una grave crisis de violencia e impunidad que afecta de manera directa a mujeres y poblaciones vulnerables. Los retrocesos normativos, el debilitamiento institucional y la desprotección en espacios educativos evidencian la urgencia de defender los derechos conquistados y de fortalecer los mecanismos de justicia, protección y reparación.