El lenguaje es la herramienta con la que nombramos la realidad y reconocemos derechos. Por eso, lo ocurrido, este 3 de octubre, en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República es un síntoma alarmante de retroceso institucional. Con el respaldo de nueve congresistas, se aprobó el dictamen de la autodenominada «Nueva ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», una iniciativa impulsada por la legisladora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) que, bajo la promesa de «ordenar» la norma, decide aplicar una política de borrado sistemático.
El Proyecto de Ley N.º 8731 apunta directamente al enfoque de equidad al eliminar por completo la palabra «género» de su texto, sustituyéndola por una lectura binaria y restrictiva de “hombres y mujeres”. Pero la ofensiva lingüística va más allá: prohíbe la doble expresión como el uso de “niños y niñas” para imponer el término genérico de «niños». En un país donde la violencia y la desigualdad afectan de manera diferenciada e histórica a las niñas y a las mujeres.
Por otro lado, el dictamen introduce una cláusula sumamente preocupante: restringe drásticamente la participación de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en los espacios de formación y capacitación de los miembros del Poder Judicial.
La aprobación de este dictamen en la Comisión de la Mujer no es un hecho aislado, sino parte de una agenda coordinada que confunde la ideología con los derechos fundamentales. Mientras las regiones del país continúan reportando cifras dolorosas de desprotección y violencia, el Legislativo decide gastar esfuerzos en desmantelar los avances normativos alcanzados. Legislar desde el sesgo y la exclusión solo profundiza la vulnerabilidad de quienes históricamente han sido marginados.