Pero para los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, las violaciones sexuales contra niñas son “prácticas culturales” y no un delito como está tipificado en el Código Penal peruano.
Basado en datos oficiales del año 2022 del Centro de Emergencia Mujer del Gobierno Peruano, UNICEF reveló que cada día se cometían 22 violaciones sexuales a niñas, niños y adolescentes. Siete de cada diez (74%) víctimas de violación habían sido menores de 18 años y los agresores, familiares o alguien conocido o alguna persona cercana al entorno social o escolar. “Es hora de quitarnos la venda y reconocer que la familia, la escuela, la comunidad no están cumpliendo cabalmente su rol de proteger a la niñez y adolescencia”, señalaba el organismo internacional.
Pero para los ministros de Educación, Morgan Quero, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, las violaciones sexuales contra niñas son “prácticas culturales” y no un delito como está tipificado en el Código Penal peruano. Con esa afirmación intentaron justificar la denuncia de los padres y madres de familia de la etnia awajún de violaciones contra las menores de edad en el distrito de Condorcanqui, Amazonas.
“Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad con relación a los descargos que correspondan. Si estas niñas han sido violadas no nos va a temblar la mano”, dijo Quero el 10 de junio.
Lejos de enmendar las desafortunadas afirmaciones de Quero y señalar que una violación es delito, la ministra Hernández, encargada de defender a las mujeres y a las poblaciones vulnerables, reforzó esa idea al señalar: “Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido. Cuando es por abuso sexual tenemos que prevenir”, dijo Hernández en un programa de televisión.
Solo en Condorcanqui, de 2020 a la fecha, se han realizado 524 denuncias por violencia sexual a estudiantes indígenas. La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc Tena, dijo que los denunciados por violación sexual en agravio de estudiantes son más de 500 profesores. Lo peor, agregó la dirigente, es que en algunos casos las han contagiado con VIH.
Según el diario La República, los abusos y las denuncias fueron recogidas en los últimos 14 años, entre 2010 y los primeros cinco meses del 2024, en los distritos de Cenepa (165), Nieva (175), Santiago (175), Imaza (7), Datem (1) y Nauta (1). Se sabe que 111 docentes fueron destituidos, cuatro sancionados con cese temporal y 72 absueltos; mientras que 519 fueron contratados y muchos continúan dictando clases.
Rechazo a los ministros
Después de las críticas por sus declaraciones, tanto Quero como Hernández intentaron desmentirse a sí mismos y lejos de pedir disculpas señalaron que sus declaraciones fueron tergiversadas. Pero su postura respecto a este tema quedó clara. Por esa razón, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) consideró inaceptable la utilización del relativismo cultural para minimizar y justificar la violencia sexual.
“Esta postura instrumentaliza y estigmatiza ‘la cultura’ y niega nuestros derechos fundamentales. Las organizaciones de mujeres awajún han denunciado claramente estos abusos como violaciones cometidas por profesores, exacerbando una situación de vulnerabilidad extrema para estas niñas, agravada por la limitada accesibilidad a servicios de salud adecuados y culturalmente pertinentes (…) utilizar la cultura como excusa es una forma de perpetuar la impunidad y de invisibilizar la gravedad de estos crímenes”, señalaron en un pronunciamiento.
Pero también hubo rechazo del Colegio Médico del Perú. “Este organismo condena las insinuaciones del ministro, quien sugirió que ciertos aspectos culturales podrían justificar la gravedad de hechos tan terribles como las violaciones sexuales a menores. Es indignante que el poder ejecutivo relativice situaciones así de graves contra la niñez”, señaló este ente profesional.
Incluso, la Defensoría del Pueblo, que actualmente tiene una postura más conservadora en temas de derechos, tuvo que salir a precisar que “todo acto que vulnere la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, como la violación sexual, constituye un delito”.
Las cifras del delito
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han registrado entre 2021 y 2023 más de 45 mil casos de violencia sexual contra menores de 17 años. El año pasado se contabilizaron 20 377 casos. Pero un análisis más detallado lo realiza UNICEF que señala que en 2023 el 46% de las niñas, niños y adolescentes que denuncian la agresión fueron víctimas de más de un episodio de violencia sexual.
El delito de violación sexual de menor de edad está tipificado en el Art. 173 del Código Penal. “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de edad”, precisa la norma.
Este delito se sanciona con cadena perpetua si la víctima tiene menos de diez años; no menor de 30 años ni mayor de 35 si la víctima tiene entre diez y catorce años; entre 25 y 30 años si la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años.
En los casos de abuso sexual denunciado en la comunidad de Condocanqui, los agresores serían los profesores. Según la ley, la pena para los responsables sería de cadena perpetua porque el agente agresor tiene posición y cargo que le da autoridad sobre la víctima.