La pastora evangélica Milagros Jáuregui, junto a Alejandro Muñante, presentaron al menos veinte proyectos de ley contra la educación sexual integral en los colegios, la aplicación del aborto terapéutico, el enfoque de igualdad de género en el currículo escolar, etc.
María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo se presenta en sus redes sociales como madre, esposa, pastora, defensora de la vida y la familia. Con esa descripción, uno pensaría que estamos ante una persona empática y defensora de los derechos humanos fundamentales. Pero esa presentación es engañosa. María de los Milagros Jackeline de Aguayo, en lugar de ser defensora de derechos, es una congresista conservadora de Renovación Popular que ha impulsado cambios legales que arrebatan derechos.
Jáuregui Martínez de Aguayo está estrechamente relacionada con la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam), brazo legal de los ultraconservadores del Congreso. Renafam, al igual que Jáuregui de Aguayo, empezó desde 2018 una cruzada contra la despenalización del aborto y el enfoque de género. La congresista también participa en charlas, marchas y encuentros con el grupo “Con Mis Hijos No Te Metas” (CMHNTM), un colectivo que busca promover leyes para eliminar lo que llaman «ideología de género», que en realidad es el enfoque de género en la educación básica regular.
Para impulsar su agenda conservadora, Jáuregui de Aguayo fue elegida presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso. Por iniciativa de Jáuregui Martínez de Aguayo, junto a otros congresistas como Alejandro Cavero y Alejandro Muñante, se han aprobado leyes conservadoras y se han derogado otras que promueven pluralidad y derechos. Incluso ha querido, sin éxito, modificar la designación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables.
La pastora evangélica defiende el modelo único y tradicional de familia, donde la mujer debe conformarse con ser compañera del hombre y dedicarse al cuidado de la familia. Por eso, en la Comisión de la Mujer está rodeada de Fabiola Morales, excongresista e integrante del Opus Dei, y María de Ita, exasesora en el despacho de Jáuregui, ex trabajadora del Centro para el Desarrollo de la Familia, organización fundada por el esposo de la pastora evangélica.
Según Salud con Lupa, la pastora evangélica Milagros Jáuregui y el abogado Alejandro Muñante «han presentado al menos veinte proyectos de ley contra la educación sexual integral en los colegios, la aplicación del aborto terapéutico, el enfoque de igualdad de género en el currículo escolar, entre otras políticas públicas que evidencian su visión provida y profamilia».
Las leyes de Jáuregui
Jáuregui Martínez de Aguayo presentó el 15 de abril de 2024 un proyecto de ley para que los padres de familia tengan la facultad de decidir si sus hijos son exonerados de los cursos que contengan educación sexual. Con eso se plantea modificar el artículo 5 de la Ley General de Educación para que los padres puedan decidir el tipo de educación que reciban sus hijos, de acuerdo con sus “convicciones morales, religiosas y libertad de conciencia”.
Para la congresista, el proyecto tiene como población objetiva beneficiaria a los niños, niñas y adolescentes que por su edad no pueden elegir la educación sexual que se les enseña, “siendo sus padres los primeros formadores quienes deben orientar dicho aprendizaje y elegir, según sus convicciones, el tipo de educación sexual que recibirán”. La congresista y pastora también pretende establecer el derecho de los alumnos a exonerarse de cursos de educación sexual por motivos de “conciencia, creencias o convicciones”.
Para defender su iniciativa, dijo: “Los chicos tienen que estudiar y prepararse sexualmente, pero podría ser en medio de un seminario. Estar tocando el tema sexual con personas que, quizás, no tienen los valores morales, como los tienen los padres, es poner en peligro a los hijos”.
La pastora Jáuregui Martínez de Aguayo también impulsó la eliminación del lenguaje inclusivo sin argumentos válidos, al punto que el Poder Ejecutivo presentó observaciones a la ley. Como hay mayoría en el Congreso, fue aprobado por insistencia. Para la pastora, el uso del lenguaje inclusivo, que aseguraba la inclusión y representación equitativa de todos los géneros en el lenguaje utilizado en el sector público, así como en textos escolares, implica el “desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y hombres”. A la pastora le gusta el uso del término genérico que incluya a ambos géneros, como si el lenguaje no fuera un elemento que construye modelos de exclusión y discriminación.
Como consecuencia de esa norma, se tendrá que reescribir los textos escolares, lo que facilita además de la modificación de los libros educativos, la censura a estos textos.
Asimismo, el 12 de junio de 2024, durante la sesión de la Comisión de la Mujer, la congresista Jáuregui logró que se aprobara el proyecto de ley 7579 para que los padres exoneren a sus hijos de los cursos que incluyen tópicos de educación sexual integral.
Otra propuesta de la misma parlamentaria es el Proyecto de Ley N°° 7349 el cual impulsa la adopción desde el vientre materno en casos de embarazos no planeados. La finalidad es reducir los casos de abortos clandestinos y “salvar las dos vidas”. Varias organizaciones consideran que esa norma agudizará los casos de embarazos a causa de violaciones sexuales.
Pero como presidenta de la comisión, también se encargó de archivar leyes a favor de los derechos. Por ejemplo, archivó la iniciativa para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que buscaba reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado con igualdad de género.
Además, mandó al archivo dos iniciativas que buscaban incluir en la ley de pensión de orfandad a los hijos menores de edad que perdieron a sus padres durante la represión policial y militar en las movilizaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Finalmente, el 05 de julio del 2024 presentó el Proyecto de Ley N° 8334 que autoriza al Ministerio de Educación o a los gobiernos regionales a suscribir acuerdos con iglesias cristianas evangélicas para la gestión de instituciones educativas públicas.